Comentario

Para apuntalar su situación, muy debilitada por la serie ininterrumpida de fracasos militares, por la aguda crisis económica, acentuada debido a pésimas cosechas que provocaron importantes alzas de precios, y por un cierto distanciamiento de los reyes, en especial de María Luisa, Godoy se decidió a llevar a cabo importantes cambios en su gobierno, dando entrada en él a destacados ilustrados y promocionando a puestos relevantes de la diplomacia o de la magistratura a otros. Jovellanos ocupó el Ministerio de Gracia y Justicia, Francisco de Saavedra entró en Hacienda, mientras que el banquero Cabarrús, suegro de Tallien, con quien estaba casada su hija Teresa, era nombrado embajador en Francia (nombramiento que no fue aceptado por la República), el poeta Juan Meléndez Valdés obtenía la fiscalía de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte y el obispo Ramón de Arce, con vitola de ilustrado, el cargo de inquisidor general.
Jovellanos, que había recibido el Ministerio con la frase "Adiós felicidad; adiós quietud para siempre", se impuso tres objetivos: abordar la reforma universitaria, iniciar la desamortización y suprimir gran parte de las atribuciones de la Inquisición. La solución que proponía para recortar los poderes del Santo Oficio, sobre la base de los trabajos del obispo Tavira y de Juan Antonio Llorente, era trasladar sus funciones a los obispos, en coherencia con su pensamiento episcopalista. Nada pudo lograr, pues, acusado de enemigo declarado de la Inquisición y sin contar con el favor real, fue sustituido a los nueve meses de haber accedido al cargo y confinado a Asturias. A los pocos días de la caída de Jovellanos se produjo una importante purga de ilustrados en la administración. Meléndez Valdés, por citar un ejemplo ilustre y bien conocido por los estudios de George Demerson, fue cesado del cargo de alcalde de Casa y Corte que ocupaba, ordenándosele abandonar Madrid en un plazo de 24 horas y dirigirse desterrado a Medina del Campo. En 1800 se le declaró jubilado y se le obligó a residir en Zamora. También cayó el consejero de Castilla José Antonio Mon y Velarde, conde del Pinar, amigo de Jovellanos, que fue jubilado con la mitad de su sueldo por asistir, al parecer, a tertulias desaconsejables.

Estos bandazos políticos eran el resultado del creciente malestar que se vivía en España por los escasos frutos del Pacto de San Ildefonso, y de la sorda lucha política que se dirimía en Madrid entre los partidarios de lograr un mayor grado de independencia respecto a Francia, entre los que se encontraba el propio Godoy, y los que deseaban estrechar más firmemente los lazos con el Directorio. Paradójicamente, la monarquía hispánica era aliada de Francia, republicana y regicida, pero la subordinación que deseaba Francia creaba una fuerte irritación en Madrid, sobre todo entre quienes consideraban que España se hallaba aislada de los países europeos más próximos ideológicamente; y esa situación contradictoria había ahondado la crisis económica y financiera, con el consiguiente incremento del descontento social.

A estas razones se sumó la creciente desconfianza entre Godoy y el Directorio. El responsable de la política española se sentía profundamente disgustado por no haber contado París con España para intervenir en las conversaciones de paz entre Francia e Inglaterra realizadas durante el verano de 1797, ni haber participado en la firma con Nápoles de la paz en octubre de 1796 por la que el reino napolitano había logrado momentáneamente comprar su neutralidad por 8 millones en mercancías. Todo ello era contrario a lo estipulado en la cláusula del Tratado de San lldefonso que concedía a España el papel de intermediaria en los asuntos de Italia. A todo esto se sumaba la presión del Directorio francés, disgustado por las buenas relaciones de Godoy con los franceses monárquicos exiliados, apoyando incluso las intrigas monárquicas del pretendiente conde de Provenza, y en la sospecha de que hubiera comenzado a dar marcha atrás en su alianza con Francia, por su actitud de freno permanente a lanzar una acción militar contra Portugal, que se había acentuado desde que la corte de Lisboa le había concedido el condado de Evora-Monte, dotado con una pingüe renta, por sus buenas relaciones con el responsable de la política exterior lusa, el anglófilo Pinto de Sousa, y por ser Carlota Joaquina, hija de Carlos IV, esposa del regente portugués.

Para limar las serias diferencias que separaban a Godoy del Directorio, el secretario de Estado español ordenó a Francisco Cabarrús, en noviembre de 1797, que se trasladara a París como enviado plenipotenciarío. Cabarrús, encarcelado en 1790 por sus especulaciones financieras y liberado con todos los honores por Godoy en octubre de 1795, había sido desde entonces asesor económico del secretario de Estado y embajador extraordinario en las negociaciones de paz de Lille entre Inglaterra y Francia, aprovechando sus buenos contactos con los políticos franceses del momento. Con los entorchados de diplomático plenipotenciario, Cabarrús tenía instrucciones de Godoy de observar el desarrollo de las conversaciones franco-británicas e informar de la situación a Madrid. El interés español en las conversaciónes entre Inglaterra y la República estaba justificado, pues existía el temor de que el Directorio firmara la paz a espaldas de las reivindicaciones españolas: Gibraltar; el establecimiento de Nutka en el Pacífico norte, que se consideraba territorio del virreinato de Nueva España; la posibilidad de pescar en Terranova y la devolución de Jamaica. El plan diplomático diseñado por Cabarrús era tan enmarañado y difícil de ejecutar por sus muchas dobleces que no dio resultado. Consistía éste en apoyar formalmente a Francia en las conversaciones y, al mismo tiempo, contactar con el negociador británico, lord Malmesbury, para lograr una paz por separado a cambio de la restitución de Gibraltar. El conocimiento por los franceses de las turbias maniobras de Cabarrús lo descalificaron como interlocutor, pese a que permaneció en París hasta mayo de 1798. Su condición de suegro de Tallien tampoco le favoreció en esa coyuntura, pues éste era por entonces aliado de Barras y Talleyrand, enemigos políticos de Merlin de Douai y La Revellire en la lucha por el control del Directorio y en la dirección de la política francesa. Mientras los primeros no creían factible un ataque a Inglaterra y estrechaban sus lazos con Bonaparte, Merlin creía en la conveniencia de acabar con Inglaterra asaltando la isla y veía con inquietud el peso político y el prestigio que Napoleón iba ganando en Francia.

Godoy, tras el fiasco de Cabarrús, no tuvo más remedio que nombrar embajador a Azara, que representaba a España en Roma desde hacía décadas y que contaba con el apoyo del Directorio, que había calificado a Cabarrús de aventurero y especulador. Godoy tuvo que efectuar otras dos importantes concesiones por exigencia del gobierno francés: retirar de la frontera, de la corte y de los puertos marítimos a los emigrados franceses, y asegurar que, en ninguna circunstancia, se negociaría una paz por separado con Portugal. Pese a su disposición a someterse a los dictados del Directorio, Godoy no pudo impedir su sustitución, que Carlos IV comunicó formalmente el 28 de marzo de 1798.

Gracias a Emilio La Parra conocemos con detalle las interioridades que condujeron a Godoy al abandono del gobierno. El Directorio estaba convencido de que Godoy se oponía a los planes franceses respecto a Portugal, que se había vendido a Inglaterra y que había intentado participar en la política interior de la República a través del intrigante Cabarrús. Para socavar su posición puso en marcha un hábil plan de intoxicación política cuyo responsable último fue el secretario de la embajada francesa en Madrid, Perrochel. Consistía este plan en difundir el rumor de que se estaba preparando una sublevación contra Godoy aprovechando las dificultades económicas y el grave problema del abastecimiento y, al parecer, el rumor tuvo efecto en los reyes, que se distanciaron del secretario de Estado, retirándole su apoyo por temor a que un levantamiento contra Godoy pusiera en peligro a la propia institución monárquica. Si el rumor del posible alzamiento popular resultó creíble era porque desde 1789, con Floridablanca, se consideró plausible una insurrección al modo francés y porque Carlos IV contaba con datos sobre la gravedad de la crisis, siendo sus principales informantes Saavedra y Jovellanos, quienes señalaban al propio Godoy como principal responsable de la situación.

La soledad política de Godoy, abandonado por el Directorio, por sus colaboradores ilustrados, Saavedra y Jovellanos, y perdido momentáneamente el favor, que no el cariño, de los reyes, le condujo a dejar el gobierno, si bien conservando "todos los honores, sueldos, emolumentos y entradas que en el día tenéis, asegurándoos que estoy sumamente satisfecho del celo, amor y acierto con que habéis desempeñado todo lo que ha corrido bajo vuestro mando y que os estaré muy agradecido mientras viva y que en todas ocasiones os daré pruebas nada equívocas de gratitud a vuestros singulares servicios", como rezaba el poco común, por afectuoso, decreto real de cese.

El sustituto de Godoy fue Francisco Saavedra, el ministro de Hacienda, que había participado en su caída, pero, debido a sus muchos achaques, nunca suficientemente aclarados y que dieron lugar a multitud de rumores, entre ellos el de un posible envenenamiento, quien dirigió verdaderamente los asuntos de gobierno fue Mariano Luis de Urquijo. Era un joven funcionario nacido en 1768, oficial mayor de la Secretaría de Estado que, en su breve período de responsabilidad, intentó enfrentarse a la delicada situación de España en los frentes interior e internacional.